Según cifras oficiales, Colombia ha afrontado con relativo éxito el combate al trabajo infantil. En la última medición sobre trabajo infantil hecha por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE (trimestre móvil Octubre – Diciembre 2019) las cifras dan cuenta de una leve disminución en la tasa de trabajo infantil y en el número de niños, niñas y adolescentes (NNA) que participan en el mercado laboral al pasar de una tasa del 5.9% en 2018 al 5.4% en 2019.
Sin duda, la tendencia decreciente de estas cifras se ha mantenido constante tanto para contextos urbanos y rurales, pese al deterioro reciente de las cifras referentes al mercado laboral en términos de desempleo e informalidad laboral en el país. Sin embargo, el efecto del COVID-19 en la economía y en el mercado laboral en particular, puede tener un efecto negativo en cuanto al número de NNA que participan en actividades laborales, tal y como lo han advertido la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y Human Rights Watch (HRW), por mencionar solo algunas visiones sobre el asunto.
Las noticias sobre desempleo en Colombia derivadas de los efectos del COVID-19 no son alentadoras. El más reciente informe del DANE sugiere que entre Marzo y Abril del 2020 la tasa de desempleo pasó del 12.6% al 19.8%, con una pérdida cercana a 1´114.000 empleos en tan solo un mes. Sin entrar en detalles, es claro que el notable deterioro en las cifras de empleo supone un mayúsculo reto en el mediano y largo plazo, lo cual pasa no solo por buscar fórmulas que reactiven el empleo, sino que se garanticen condiciones aceptables de trabajo para los empleos existentes y los que se generen en el futuro. Pero adicionalmente, es preciso que se preste especial atención desde lo público y lo privado al panorama laboral relacionado con los NNA en el país, con especial énfasis en las actividades agropecuarias propias de contextos rurales, en donde la oferta de servicios y en muchos casos la presencia del estado resulta limitada y en donde, según el DANE (2019), se concentra cerca del 41,6% de los NNA que trabajan en el país.
Es posible que en la medida en que el sistema educativo se encuentre cerrado o con limitaciones para la asistencia escolar, y considerando que muchos pequeños productores rurales se ven forzados a disminuir costos en sus actividades para reaccionar ante la actual coyuntura económica, es factible que muchos NNA entren a participar en labores que bajo el ordenamiento legal colombiano puedan ser consideradas como trabajo infantil.
En las actuales circunstancias se hace preciso reconocer, una vez más, que la responsabilidad de prevenir y erradicar el trabajo infantil no recae solamente en el Estado. Particularmente en situaciones como las que atraviesa el mundo entero como consecuencia de la pandemia, resulta necesaria la activa participación de la sociedad civil y el sector privado ligados a las cadenas agrícolas para garantizar los derechos y el bienestar de los NNA. Así pues, son muchas las alternativas que podrían explorarse, pero con base en la experiencia de la implementación por parte de Partners of the Americas de los Proyectos Palma Futuro y Colombia Avanza, financiados por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos (USDOL), es posible sugerir algunas acciones puntuales.
Primero, es determinante fortalecer a la sociedad civil en relación con el conocimiento de la ley laboral, los derechos de los NNA y los asuntos específicos relacionados con trabajo infantil y condiciones aceptables de trabajo. Esto podrá llevar a que, desde las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado ligado a las cadenas agrícolas, se pueda avanzar en la elaboración de análisis de riesgos para que en cada cadena se puedan identificar puntos débiles en donde pueda haber trabajo infantil o riesgo de su aparición, y en consecuencia tomar medidas concretas de mitigación.
De la misma manera, resulta imperativo que las empresas hagan la Debida Diligencia en sus cadenas de suministro con el fin de garantizar que los derechos laborales y particularmente los derechos de los NNA sean observados. Estas actividades a nivel empresarial pueden emprenderse desde la implementación de estándares internacionales de calidad como el SA-8000 que fortalezcan la acción privada en relación con los temas laborales.
Finalmente, es necesario tomar ventaja de las condiciones de mercado que privilegian producciones responsables y estándares rigurosos en donde los aspectos laborales han ganado importante terreno, inclusive desde la óptica del consumidor final. En este caso, es preciso insistir en que la observancia de las condiciones laborales, incluido el trabajo infantil, puede derivar en primas y mejores precios para productores laboralmente responsables. En este aspecto, las certificaciones de buenas prácticas agrícolas ligadas a algunos productos de exportación y la adopción de sistemas de cumplimiento por parte de el sector privado, deben complementar no solo los mecanismos de mercado que pueden operar en favor de condiciones aceptables de trabajo, sino también las políticas públicas relacionadas con el trabajo infantil.
Ya es hora de pasar de los slogans y frases comunes a acciones concretas, responsables y cuantificables que tengan un efecto real que garanticen el cumplimiento de la ley y que den cuenta de una adecuada articulación entre lo público, lo privado y la sociedad civil. Claramente, no podemos ser espectadores pasivos en circunstancias en donde miles de NNA en la región están en riesgo de ver sus derechos vulnerados.